El juzgado 1 penal de conocimiento de Neiva declaró el río Magdalena sujeto de derecho de protección y ordenó al Gobierno Nacional y al local tomar medidas de intervención que garanticen su salvaguarda.
En una decisión de 34 páginas, ese despacho resolvió, en primera instancia, una tutela interpuesta por los ambientalistas Andrés Felipe Rojas, Óscar Páez y Daniel Leandro Sanz, quienes alertaban sobre el daño ecológico que habría sufrido el río por la construcción del proyecto hidroeléctrico El Quimbo.
Sumado a esto, dicen los demandantes, el río se afecta por el vertimiento de aguas servidas y la poca eficiencia de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de algunos municipios ubicados en la zona aledaña al río.
El Ministerio de Minas cuestionó que se usara la tutela para este tipo de solicitudes, y dijo que no quedó demostrado en la demanda cómo se están afectando los derechos de los demandantes. Agregó que los ríos no pueden ser considerados sujetos objetos de derecho.
A su turno, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) sostuvo que no hay incumplimientos a las obligaciones ambientales y que se han hecho seguimientos para garantizar la protección del medioambiente. Y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena consideró que ni por acción ni por omisión ha desprotegido sus funciones y que la demanda no tiene sustento técnico ni científico para alertar sobre el supuesto riesgo en la calidad del agua del río.
En su decisión, el juzgado enfatizó en la importancia del derecho de todos los ciudadanos al agua y medioambiente sano, y dijo que en el país se viene garantizando una amplia protección del medioambiente “en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.
Como parte de sus órdenes, el despacho dio tres meses de plazo para que se cree una comisión de guardianes del río Magdalena en la que estén funcionarios de los gobiernos nacional y local, así como miembros de ONG o universidades.Igualmente, señaló que el Estado, la comunidad y Enel-Emgesa serán los encargados de garantizar la protección, conservación, mantenimiento y restauración del río.
La Procuraduría fue encargada de verificar que esto se cumpla.
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